La resistencia al Poder Civil según el Magisterio de la Iglesia (hasta la segunda Guerra Mundial)

por José Fermín Garralda Arizcun

1. Introducción de actualidad. 2. Planteamiento: 2.1. El Magisterio Pontificio. 2.2. Las aportaciones de los grandes teólogos. 2.3. Dificultades en la exposición. 2.4. Un tema gravísimo, colofón de otros muchos temas y preludio de cuestiones muy serias. 2.5. Temas a tratar. 3. El origen del poder y la sumisión: 3.1. Magisterio de la Iglesia. 3.2. Las Normas prácticas de León XIII para Francia. 4. La resistencia al poder ilegítimo de origen o de ejercicio (de régimen): 4.1. Observaciones previas. 4.2. Tesis centrales: 4.2.1. Tesis generales, 4.2.2. Concretemos sobre la resistencia al poder ilegítimo. 4.3. Resistencia entre la sumisión forzosa y la colaboración activa: 4.3.1. Las circunstancias influyen. 4.3.2. Malas consecuencias de la táctica de “vuelo bajo”, adaptación y condescendencias. 4.3.3. Posiciones legítimas en relación con los verbos de estado o acción. 4.3.4. Posiciones legítimas según la práctica de la resistencia. 4.3.5. ¿Cómo es el cuadro de la tiranía? 4.3.6. La virtud española.

En España se están retirando los crucifijos de los lugares públicos como expresión de la apostasía del Estado -y además en una sociedad todavía católica-, y para mostrar que la confesionalidad declarada laicista sustituye necesariamente, en un plazo breve o paulatinamente -como ocurre en el actual caso español-, a la pérdida de la confesionalidad católica de los poderes civiles.

La retirada del Crucifijo es un ataque directo, concreto y emblemático, a Dios y a la sociedad católica. Por su parte, la confesionalidad laicista es el resultado final de un proceso de degradación de una legislación, un Gobierno y un Régimen concretos. Esta degradación ya estaba en germen en la Ley de Reforma política de 1976 y luego más claramente en la Constitución de 1978. Lo denunciado entonces tiene ahora sus resultados. Es tarde para que hablen los difuntos Hernández Gil, Ruiz Giménez y Antonio Fontán; lo es para que hablen el sr. Suárez, y Fernández Miranda. Don Juan Carlos de Borbón ha hablado de nuevo firmando la última ley del aborto.

El Gobierno, al arrancar al Crucificado de los lugares públicos, impone a los españoles la sumisión total a la legalidad y al Estado. Así mismo, a través de la asignatura “Educación para la Ciudadanía” (o la tiranía), el Estado laico o laicista usurpa la patria potestad de los padres y se apropia de los hijos para corromper sus entendimientos y almas en las escuelas. Ahí está también el supuesto “derecho” al aborto voluntario. El Estado, la voluntad humana de quienes mandan -que ni siquiera es verdaderamente la del pueblo (1)-, quiere dominar todo: Dios, familia, hijos y vida. Sin Dios, tarde o temprano vienen los ídolos, y, con ellos, llega la destrucción del propio hombre. Se denunció ayer, y aquí están los resultados. Pero –inquiétese Vd. un poco- los liberales y “católico-liberales” nunca reconocerán que se tenía razón. Este es el gran drama del que cae en el liberalismo -cuyo espíritu todo lo oculta, excusa y disimula-, de cuyo árbol ya se dijo que es preciso hacer mil astillas.

Estos aspectos y otros muchos que les preceden, desarrollados durante más de 43 años (desde la por entonces innecesaria ley de “libertad religiosa” de 1967), plantean la relación de los católicos hacia los poderes constituidos de hecho.

Estudios como este son necesarios porque, a veces, se esparcen teorías que, con anhelos de paz y de concordia, encienden más las discordias. Nada hay tan cordial y tan pacífico como la verdad. También en los temas espinosos y comprometidos como el que se presenta en estas páginas.

Estos temas hoy son tabú entre los católicos porque, en el actual democratismo liberal, hoy domina el poder de hecho y el culto a la legalidad y a lo establecido de hecho. Este dominio comenzó en germen al considerar la forma democrática como única realidad legítima. Sobre todo, cuando esta forma tenía un contenido ideológico racionalista o liberal. A veces los males son inapreciables y pequeños, sin aparente maldad, pero, al ser males graves, y al crecer mientras crece el mal derivado del mal raíz, conducen a extremos insostenibles. Hoy el gobierno socialista español ha llegado a prohibir la presencia de los signos religiosos católicos en las instituciones públicas (un extremo de laicismo), a declarar el derecho a asesinar –claro es que la ley no lo dice así- al concebido y aún no nacido, y a sustraer a los padres la patria potestad mediante la “Educación para la ciudadanía” (la tiranía) y la corrupción de sus hijos en las escuelas. Basta leer el BOE y conocer la práctica seguida en muchas Comunidades Autónomas.

En estas páginas se ha elegido el Magisterio de la Iglesia hasta la guerra mundial, no porque después éste cambie, sino porque tras 1945 existe un marco histórico diferente, debido a los desastres de la última guerra, a la “Guerra Fría” con la amenaza de una tercera guerra mundial, a la carrera de armamentos, y a que los temas más inquietantes promueven una resistencia activa que se desea hacer dentro de la legalidad, aunque corrigiendo ésta como labor de los hombres que es.

2. Planteamiento

2.1. El Magisterio Pontificio

No iluminan estas páginas las opiniones privadas por cualificadas que sean, ni diferentes diplomacias vaticanas, ni tratamientos coyunturales y circunstanciales por prolongados que estos sean en relación con situaciones dadas, ni teologías menores y sin respaldo en el magisterio de la Iglesia… Las iluminan las doctrinas inmortales de la Iglesia, incluyendo, como hijas menores, las afirmaciones de los grandes teólogos, sobe todo los declarados doctores de la Iglesia. Decimos como hijas menores porque la doctrina de la Iglesia se encuentra en un plano muy diferente al de las afirmaciones de los grandes teólogos, ya que, a diferencia estos, sólo Ella tiene el poder de jurisdicción y de magisterio como Iglesia docente.

2.2. Las aportaciones de los grandes teólogos.

Se parte del Magisterio de la Iglesia, explicado y ampliado con las afirmaciones de los teólogos más significativos, sobre todo los declarados doctores de la Iglesia, cuyas afirmaciones forman parte del acervo y la Doctrina católica.

Aunque no se citará expresamente sus enseñanzas, se ha estudiado a los grandes teólogos, y especialmente a los doctores de la Iglesia. No se citarán expresamente para que sea el Magisterio de la Iglesia quien lo haga, y, además, para abreviar esta exposición. Se ha comprobado que los teólogos realizan más afirmaciones que el Magisterio, lógicamente las explican más, y que sus afirmaciones y las del Magisterio eclesiástico coinciden.

¿De qué teólogos se está hablando? Elijamos a los clásicos antiguos y modernos, escolásticos y neoescolásticos.

Entre los antiguos destacan San Agustín (De Libero Arbitrio, cap. VI, lib. I), Sto. Tomás de Aquino (Summa theologica, De rege et regno), Suárez (De legibus, Defensio fidei, De charitare), Bañez (De justitia et jure), Vitoria (Relectiones), Molina (De justitia et jure), Mariana (Historia general de España), Salas (El gobernador cristiano), San Roberto Belarmino, Lessio, Lugo, Castropalao, Gerson, Kenrick, Bossuet, Márquez. Para ellos “es lícito repeler la fuerza con la fuerza”.

A mediados del s. XVIII, San Alfonso Mª de Ligorio, y los que le siguen como Ferreres y Noldin, son contrarios a toda sublevación: “nunca jamás es lícito rebelarse” contra el tirano. Su argumento no sólo niega el tiranicidio sino toda resistencia a cualquier clase de tirano, aun del más intruso y cruel (337-341). Es muy posible que esta posición se deba a la influencia del absolutismo de la época, y a la demagogia liberal de las escuelas filosóficas de los s. XVIII y XIX. Félix Amat es uno de los más entregados al poder de hecho. Poco a poco irá cambiando esta postura de la mano de La Serviére, Cathrein, y Prummer.

Autores más modernos y neoescolásticos del siglo XIX y comienzos del XX, sin coincidir entre sí en todos sus extremos, son De la Taille, Castelein, Cardenal Cayetano, Cepeda, Prummer, Zigliara, Janvier (1909), Mendive, Costa Rossetti, Cathrein, La Serviére, Noldin, Lehmkul, Genicot, cardenal Mercier, cardenal Hergenrocther, San Ezequiel Moreno y Díaz (Cartas Pastorales), Costa-Rosetti, Casanova, Márquez, Mendizábal, Menéndez Reigada (2), Castro Albarrán etc.

En algún punto, algunos de estos últimos –que no los grandes doctores- se mostraron algo condescendientes con los usurpadores, pues sostienen la necesidad de reconocer verdadera autoridad en todo poder de hecho, por más ilegítimo y usurpador que sea: Ligorio, Schiffini, Tongiorgi, Taparelli, Ferretti, Meyer, Liberatore, Zallinger (124).

Se omiten otros autores por no ser teólogos como Balmes (3) , Vázquez de Mella (4) , Gil Robles (Enrique y en menor grado José María) (5), Havard de la Montagne (6), Senante (7), Maeztu (8), Herrera Oria (9), Vegas Latapie (10), Yaben (11), Marcial Solana… y a otros de diversas escuelas.

¡Qué maravilla es la exposición de tratadistas políticos católicos, en sus tesis o bien en discusión con los católicos que optaban por el oportunismo, la sumisión a los hechos consumados o poderes constituidos de hecho!

Las páginas de los juristas tradicionalistas, que surgirán al final de trabajo, como anclaje de las doctrinas en la vida del pueblo católico, están llenas de luz y colorido, más que suficiente para la admiración intelectual y la elevación del corazón. ¡Y qué diremos de las realizaciones de nuestros mayores católicos, que no doblegaron la cerviz ante el ídolo del capitolio y, es más, lo tiraron por tierra para restaurar así el reinado del Derecho, de Cristo y del pueblo español católico en general.

Hablemos del pasado siempre vigente, porque hoy, año 2010, si bien hay grandes pensadores católicos y concretamente de la escuela tradicionalista, sus oponentes acomodaticios no abordan estos temas porque durante décadas han cerrado filas para hacer posible –y no ya para tolerarlos como mal menor- los hechos revolucionarios dominantes. Es la tragedia del oportunista resabiado de liberalismo, que de tolerar, por tolerar demasiado…, acepta y aprueba el mal.

2.3. Dificultades en la exposición:

• Primera. Esta exposición asume la gran dificultad de diferenciar el Magisterio de los Papas y Concilios, de la doctrina de los grandes teólogos, incluidos los doctores de la Iglesia, cuyas tesis más esenciales son asumidas por el Magisterio. En realidad, los teólogos explican la doctrina de la Iglesia, formulada primero y después perfilada con las aportaciones de aquellos. Omitiremos los textos de los teólogos y nos quedaremos con los del Magisterio.

• Segunda. En el Magisterio hay que distinguir los principios doctrinales de las normas y consejos prácticos circunstanciales, como fue el ralliement francés de finales del s. XIX.

• Tercera. Desarrollar el tema sobre “la resistencia al poder civil” es complejo. Pongamos un ejemplo: al hablar de la legitimidad de origen y de ejercicio, sabemos que el poder ilegítimo de origen podría con ciertas condiciones legitimarse proscribiendo así la legitimidad del poder legítimo derrocado y, por otra parte, sabemos también que la tiranía de ejercicio tiene sus grados y proceso. También debiera evitarse la complicación de la exposición de estos temas, porque hay abundantes disquisiciones doctorales de escuela.

• La cuarta observación es importante, porque, si se olvida, se originan muchas simplificaciones y disputas inútiles. Tal es no descontextualizar los textos pontificios. En efecto, De La Taille afirmaba: “Del mismo modo que para la interpretación de un texto legal o de jurisprudencia no es supérflua la ciencia del derecho, hay ciertas enseñanzas pontificias (alude concretamente a las normas que tratamos sobre la obediencia, sumisión o acatamiento etc. al poder ilegítimo), que exigen ser interpretadas a la luz de los principios teológicos en que se inspiran y de la doctrina tradicional, que los encuadra” (12).

2.4. Un tema gravísimo, colofón de otros muchos temas y preludio de cuestiones muy serias

Es colofón de las afirmaciones sobre el origen del poder político, su naturaleza, los hechos consumados, la resistencia y sus diversas formas, el espíritu o talante con el cual los católicos se enfrentan a la vida. Es preludio de la doctrina sobre la resistencia al poder político y sus formas, la objeción de la verdadera y recta conciencia, la desobediencia civil, y la resistencia armada.

Este tema es piedra de toque que deslinda el sentir católico del sentir revolucionario, ya sea liberal, católico-liberal, resabiado de liberalismo y todas sus derivaciones extremas. Deslinda el sentir católico del sentir comprendido en el racionalismo, el naturalismo y la secularización o, mejor dicho, en el carácter legalista y sumisionero (reconocementero), que lo es mucho más por comodidad, debilidad, y buen vivir que por convicción de algo. La prueba es cuando les ocas el bolsillo, sus derechos o su vida.

2.5. Temas a tratar

Castro Albarrán (13), al que sólo en parte seguimos en esta exposición, mantiene el siguiente orden analítico. Estudia el origen del poder civil y sus teorías, la finalidad y formas del poder, la legitimidad de origen y ejercicio, y la resistencia y posible legitimación del poder ilegítimo de origen. Analiza también la resistencia y/o sumisión al poder ilegítimo de ejercicio por sus leyes injustas, distinguiendo entre leyes, Gobiernos y Regímenes, y la relación con el poder ilegítimo en términos de sumisión, obediencia, acatamiento, aceptación o adhesión, colaboración. Explica el Magisterio de León XIII en materia de sumisión al poder así como sus Normas prácticas en el ralliement francés. Por último, describe la resistencia al poder, y sus tipos, uno de los cuales y en calidad de extremo es la resistencia armada.

3. El origen del Poder y la Sumisión

3.1. Magisterio de la Iglesia:

Nos referimos al Magisterio de todos los Papas, especialmente los de los s. XIX y primera mitad del XX. Omito el magisterio ordinario de los obispos en cada diócesis o bien los textos de varios obispos juntos. Todos los Pontífices recuerdan la doctrina en las encíclicas recogidas en los documentos politicos, jurídicos y sociales editados por la BAC. También hay manuales que recogen los textos más sobresalientes; por citar algunos mencionemos los de Herrera Oria (14), y más recientemente –por poner unos ejemplos- de Daniel Boira (15), José Ricart Torrens (16) etc. (17).

Los Pontífices insisten en los temas más candentes del momento, como eran El sometimiento a la autoridad superior, el origen divino del poder, que toda potestad viene de Dios, que no se puede resistir a la autoridad, que la autoridad no es enemiga de los buenos, y que hay que someterse a ella por deber de conciencia (18). Todo gobernante legítimo es ministro de Dios (Rom. 13, 1-4) y como tal se le debe de obedecer en conciencia. La dignidad del poder político es mayor que la meramente humana (León XIII, Diuturnum Illud, nº 8).

El que manda lo hace como cosa propia, como derecho propio, sin que el pueblo pueda revocar la entrega del poder a su antojo en el caso de haberle transmitido la autoridad y elegido (Diuturnum Illud, nº 3). Para la Iglesia, el pueblo que traspasa la autoridad o poder al gobernante, no permanece como sujeto detentador del poder, pues en tal caso “¿en qué queda convertida la autoridad? Una sombra, un mito; no hay ley propiamente dicha, no existe ya la obediencia…”. Así rechazó Pío X las tesis de Le Sillon en Notre Chargue apostolique (nº 22).

El origen divino lo afirma desde N. S. Jesucristo a Pilato (“No tendrías poder alguno sobre mí, si no te fuera dado de arriba”, Juan, 19,11), San Pablo (Rom 13,1-4) y la Iglesia universal durante todos los tiempos. Luego es errónea, una herejía, la doctrina rusoniana del “contrato social” que establece la llamada “soberanía nacional” o “soberanía popular” sostenida por el “derecho nuevo” liberal, por la que se afirma que el poder político emana de la nación, del pueblo, de la multitud. También es herética la doctrina, consecuencia de la anterior, por la que se concede a la muchedumbre el “derecho de rebelión” contra los poderes legítimos (19).

Destaca por su importancia –y por ser arrinconado o atacado por todo tipo de liberales- el Syllabus de Pío IX, que rechaza decir que “Las leyes morales no tienen necesidad alguna de sanción divina; ni es tampoco necesario que las leyes humanas se conformen con el derecho natural o reciban de Dios su fuerza obligatoria” (prop. 56), o bien que “La autoridad no es otra cosa que la mera suma del número y de las fuerzas materiales” (prop. 60). También rechaza afirmar que “La injusticia de un hecho coronada con el éxito no perjudica en nada a la santidad del derecho” (prop. 61), o bien que “Hay que proclamar y observar el principio llamado de no intervención” (prop. 62) o que “Es lícito negar la obediencia a los gobernantes legítimos, incluso rebelarse contra ellos” (Prop. 63).

Herrera Oria recoge los documentos pontificios que demuestran que:

“las dañosas novedades del siglo XVI trastornaron el orden cristiano, creando a la larga un derecho nuevo; sus principios supremos son la igualdad, autonomía y libertad de todos los hombres; se prescindió, por tanto, de Dios en la sociedad; y los Estados se sintieron desligados de toda relación sobrenatural, con lo cual la Iglesia quedó reducida a una deplorable situación, y se minaron las mismas bases sobre las que se apoyan los Estados” (20).

El Magisterio no señala si Dios delega directamente la autoridad al gobernante o bien la entrega a la comunidad para que la traslade al titular del poder, aunque en una encíclica León XIII (Diuturnum Illud, nº 4) parece apostar por la primera solución. En general, los autores hablan de del poder a través del pueblo. En tal caso, el pueblo conserva siempre una habitual facultad constituyente, en el sentido de una potestad habitual y radical para cambiar de régimen cuando el orden y la paz lo exijan (lo recuerda Pla y Deniel en 1936) (21). En realidad, la cuestión del origen mediato o inmediato del poder no es cuestión principal, porque el origen divino del poder muestra que Dios y el Bien Común originado en Él (la Ley y el Derecho Natural) obligan al Estado y al gobernante, y que el Estado y la ley positiva no se deben deificar.

Por un lado, la Iglesia se inhibe en las concreciones que cada pueblo tiene para transmitir el poder (León XIII, Notre Consolation, nº 13). Así, la Iglesia también se inhibe en los posibles pleitos “domésticos” sobre la legitimidad de los poderes nacionales, pues las reglas de transmisión del poder es una cuestión que Dios deja al arbitrio de los hombres. Por eso, la conducta de la Iglesia con uno u otro Gobierno no implica ni aprobación, ni reprobación de tales poderes (22).

Por otra parte, la Iglesia admite todas las formas de Gobierno, siempre que sean justas. Ahora bien, no por eso la Iglesia es accidentalista, ni indiferente, sino que es inhibicionista al dejar a los hombres las aplicaciones concretas en estos temas. No enseña la indiferencia de las formas de Gobierno desde un punto de vista práctico y político, pues indica la posibilidad de discernir si a un pueblo le conviene más una forma que otra, pues cada pueblo tiene su carácter y circunstancias propias (León XIII, Au milieu des sollicitudes, nº 16) (23).

Basta mostrar el origen divino del poder para justificar el derecho y a veces el deber de la resistencia al poder ilegítimo y/o tiránico, y para responder satisfactoriamente a cuales pueden ser las formas de resistencia.

El pueblo honrado y sufrido tiene mucho que decir al gobernante, debido al origen divino del poder, a la naturaleza de la autoridad, a que Dios comunica el poder a través del pueblo, a la existencia del Bien Común, y, a que –por ejemplo- en la monarquía tradicional (aportación de la Corona de Aragón y Navarra) el rey y el pueblo realizan su propio pacto político. El rey era rey en su Derecho y el pueblo tenía algo de rey (24).

En consecuencia de todo lo dicho, la potestad ilegítima no es potestad (Balmes) (25). El gobernante ilegítimo de origen ataca al soberano legítimo si lo hubiere, a la sociedad, a los súbditos, y a los soberanos legítimos de otros países que pueden socorrer al soberano legítimo. El gobernante ilegítimo de ejercicio o régimen atenta directamente contra el Bien Común.

3.2. Las Normas prácticas de León XIII para Francia

León XIII, que es el Papa de la defensa de la autoridad y el poder legítimo, de la obediencia a la legítima autoridad, condena el desenfreno, la demagogia y las rebeldías contra la autoridad, pero no condena las defensas legítimas y las resistencias justificadas. En ningún momento abandona el rumbo tradicional de la doctrina católica. Por un lado León XIII especifica no pocas veces con el término legítima cuando habla de la humana potestad (Inmortale Dei, nº 2; Libertas, nº 10; Au milieu des sollicitudes, nº 17 etc.). Por otro, dirá que “es justo no obedecer a los hombres cuando falta el derecho a mandar” (Libertas). Así mismo, “cuando no existe el derecho de mandar, o se manda algo contrario a la razón, a la ley eterna, a la autoridad de Dios, es justo entonces desobedecer a los hombres para obedecer a Dios. Cerrada así la puerta de la tiranía, no lo absorberá todo el Estado” (Libertas, nº 10).

En su encíclica Au milieu, León XIII insiste en que a veces los gobiernos distan mucho de ser legítimos en su origen (Au milieu… nº 18-24; Notre consolation nº 15), pero sin embargo “cuando de hecho quedan constituidos nuevos regímenes políticos (…) su aceptación no sólo es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común” (Au milieu, nº 23). Esta encíclica ha hecho correr ríos de tinta, como si el Papa prohibiese oponerse a la usurpación y no sólo a las leyes injustas. Nada de eso. Habla para Francia, 23 años después de la caída del IIIer Imperio y 20 años del advenimiento de la III República anticlerical. Además, la legitimación de la República podría no ser definitiva sino tan sólo provisional (26); en realidad sería provisional pues “quedan en suspenso las reglas ordinarias de la transmisión de los poderes y aun puede ocurrir que con el tiempo se encuentren abolidas” (Carta de León XIII a los Cardenales franceses). También dirá León XIII que “jamás hemos querido añadir nada, ni a las apreciaciones de los grandes doctores sobre el valor de las diversas formas de gobierno, ni a la doctrina católica y a las tradiciones de esta Sede Apostólica sobre el grado de obediencia debido a los poderes constituidos” (Carta de León XIII a Mgr. Mathieu” (27).

El principio clave es el Bien Común, como tal objetivo, conforme al Derecho Natural y según lo declara la Santa Madre Iglesia, sabiendo no obstante que no sólo importa cómo es la legislación, sino también la legitimidad e ilegitimidad del que ocupa el poder.

Añadamos la opinión del jurista Víctor Pradera que interpreta a León XIII de esta manera:

“De modo que el gobierno constituido no es el gobierno de bandoleros; de modo que el gobierno de hecho o constituido no es el gobierno que contra el sentir de la nación va a derrocar un poder legítimo, que existe, sino es este otro completamente distinto. Es un gobierno que viene a remediar un estado de anarquía por la falta en la nación del poder legítimo; es un gobierno que va a llenar una necesidad social. No es un gobierno que venga a producir la anarquía y que venga a causar multitud de necesidades” (Discurso en el Monumental Cinema, Madrid, 5-II-1933 (28). Las palabras de Pradera se corresponden con lo que León XIII dice en Au milieu… nº 21 y 24.

Si se retoma la doctrina o los principios, digamos que según los textos pontificios el poder de mero hecho no es autoridad legítima. El poder ilegítimo no tiene autoridad y puede ser y a veces debe ser combatido. La potestad ilegítima no es potestad, pues la idea de potestad supone el derecho, de manera que sólo se rinde obediencia a las potestades legítimas (Balmes) (29). El poder ilegítimo carece de verdadera autoridad y de verdadero poder y no debe ser aceptado. Todo en él es tiranía, tanto su origen como su ejercicio, por lo que nadie tiene obligación de verdadera obediencia a un poder ilegítimo. Notado poder constituido de hecho debe ser admitido ni aceptado , porque –según León XIII- no todo poder de hecho está unido al bien común: a unos poderes de hecho está unido el bien común, con otros está reñido y divorciado. No se puede atribuir verdadera autoridad a los poderes de hecho mientras sean ilegítimos. La regla moral no son los hechos consumados ni la fuerza sobre el derecho (30).

Otra cosa son estos tres temas: uno, la necesidad de obedecer al poder ilegítimo de origen y ejercicio en lo que sea justo y necesario para el bien común; dos, el tema de la prescripción de los derechos del poder legítimo; y tres, la legitimación del poder ilegítimo de origen -legitimación temporal o definitiva- precisamente por su buen gobierno y consolidación social. Queda pendiente saber si pudiera legitimarse el poder ilegítimo de origen porque está más consolidado en la sociedad que el poder legítimo desterrado, a pesar de su pésima legislación o ejercicio. En tal caso parece que la oposición social se justificaría por el mal ejercicio.

En otro orden de cosas, aunque relacionado con lo anterior, Castro Albarrán (31) sintetiza así la práctica de la Iglesia ante los poderes temporales:

1. “La Iglesia trata con los poderes establecidos de hecho.

2. La Iglesia, con su conducta, no prejuzga la cuestión de la legitimidad de estos poderes.

3. La Iglesia, cuando prescinde de la legitimidad o ilegitimidad de un poder, prescribe la sumisión exigida por el bien común; cuando le da por ilegítimo, no impone, ante niega, la obligación de obedecerle”.

4. La Resistencia al poder ilegítimo de origen o de ejercicio (del Régmimen)

4.1. Observaciones previas

Realicemos unas observaciones previas en el punto central de este trabajo.

• Este tema es en muchos un tema tabú. El suminisionismo (los reconocementeros, legalistas etc. tan bien desvelados en España por Balmes, Navarro Villoslada, Ortí y Lara, Vázquez de Mella, Corbató, Nocedal etc.) crea temas tabú cuya oscuridad culpable para factura. Según Balmes, lo que realmente libera es decir la verdad y no ser timorato al tratar del tema de la “rebeldía” legítima (32).

• Entre los católicos hay dos actitudes: los que enseguida se rebelan, y los que en cualquier oposición ven una rebelión (33).

• La Iglesia ha hablado sobre “la resistencia al poder civil”, aunque –dicho coloquialmente- no lo hace todos los días. Tiene su doctrina, aunque no la haya definido dogmáticamente.

Son contadísimos los casos en que los Papas aterrizan a casos concretos. Son textos generales y además siempre defienden la autoridad o poderes legítimos, en cuanto que legítimos. El Magisterio anatemiza el abuso del poder en su origen (una revolución, un pronunciamiento militar) y/o su ejercicio (leyes injustas) así como el principio anárquico (34). No se hallará un solo texto en el que se ordene la obediencia a un poder ilegítimo, tengamos en cuenta o no la distinción de León XIII entre poder y legislación francesa.

4.2. Tesis centrales

4.2.1. Tesis generales

Herrera Oria (35) destaca que la obediencia a la autoridad es voluntad de Dios, por lo que deben ser obedecidos los poderes constituidos, a no ser que manden algo contra la ley de Dios y de la Iglesia, porque si la ley repugna al orden natural o divino no es lícito obedecer. Esta resistencia no sería rebelarse contra la autoridad, como mostró la doctrina y el ejemplo de los apóstoles, de los primeros cristianos, que obedecían en cuanto era lícito y daban la vida por obedecer a Dios antes que a los hombres cuando era preciso. De esta manera, ante las leyes inicuas, obedecían a Dios. La Iglesia defiende que es necesario luchar con todos los medios contra la legislación perversa de un Gobierno. Esta lucha no es manteniéndose en una postura meramente pasiva, sino también activa con todos los medios lícitos y con las debidas condiciones. Nada de eso sería rebelarse (injustamente) contra el poder constituido, porque son cosas distintas.

Permítanme discrepar de dos afirmaciones de Herrera Oria. Una, en cuando dice que los primeros cristianos desobedecían las leyes inicuas sin rebelarse contra los Césares romanos. Esto es un hecho, pero, como dice San Roberto Belarmino, era porque los cristianos no tenían fuerza para evitarlo, y por otra parte convenía entonces al Evangelio presentarse como de religión de paz frente a la violencia romana. Mi mayor discrepancia, y en ello sigo a gran parte de los autores, es que cite la postura del raillement de León XIII para Francia, como si fuese un principio doctrinal. Al hablar de la resistencia a las leyes y poderes injustos, Herrera Oria concluye: “Es necesario, por tanto, someterse al poder constituido porque lo exige el bien común”. La apelación al Bien común la hace León XIII como justificación del ralliement –que no objeto-, pero, en principio, la justicia, la legitimidad etc. es parte básica del bien común, de modo que este último no exige siempre el acatamiento a los poderes constituidos de hecho. Es más, el usurpador y al tirano, que hacen fuerza, se les combate en último caso con la fuerza, según los doctores de la Iglesia. Por lo mismo discrepo de la afirmación de que, en todo caso de resistencia activa, la autoridad siempre ha de quedar intacta. Al parecer, Herrera Oria seguía cierta tendencia sumisionista y pensaba con una excesiva delicadeza -o poca entereza- al tratar estos temas, pues sigue la corriente del ralliement creada circunstancial y coyunturalmente por León XIII para Francia, con olvido de las doctrinas de los doctores de la Iglesia e incluso de los Papas cuando, como él, se generaliza lo circunstancial y coyuntural.

4.2.2. Concretemos sobre la resistencia al poder ilegítimo

Lo que prohíbe la Iglesia es la rebeldía estricta y una especie –o en algún caso- de tiranicidio.

En el poder ilegítimo de origen todo es tiranía, tanto su origen como su ejercicio, por eso la resistencia no debe limitarse a la oposición contra los actos de gobierno sino que es acción directa contra el mismo poder (36).

Así como hay un poder ilegítimo de origen (ilegitimidad de origen) y una ilegitimidad de ejercicio (tiranía de régimen), existe una resistencia al tirano mediante el derrocamiento y una resistencia al ejercicio tiránico del poder. Es lícito rechazar la fuerza con la fuerza (37).

La Iglesia no puede aprobar, en manera, alguna la usurpación ni los hechos consumados por el mero hecho de serlo, no sólo en el orden particular, sino tampoco en el orden civil o político (38).

Según se deduce del magisterio, y sobre todo de los grandes teólogos de la Iglesia que son más explícitos, la Iglesia prohíbe la rebelión ilícita, es decir, según sintetiza Castro Albarrán:

“La desobediencia a las leyes justas de una autoridad legítima, no ilegitimada.

La lucha legal, la resistencia civil, la violencia armada contra esas mismas leyes.

La guerra privada o pública, de individuos o de la sociedad, contra un poder legítimo, no tirano.

La agresión privada y directa contra el poder legítimo, aun tirano.

El tiranicidio del tirano en el régimen (ejercicio), con autoridad privada y no sin legítima defensa” (p. 344) (39).

Por el contrario, la legítima rebeldía supone:

“La desobediencia a las leyes injustas de una autoridad, aun legítima.

La desobediencia a las leyes, aun justas, de un poder ilegítimo, mientras una razón de bien común no exija su cumplimiento.

La lucha legal, resistencia civil y aun resistencia armada –defensiva- contra la tiranía del soberano legítimo.

La violencia armada contra el poder usurpador.

El tiranicidio usurpador, llevado a cabo por la sociedad, o por un particular, con autoridad pública” (40).

Ante los gobiernos ilegítimos de origen y/o de ejercicio hay que rechazar la servidumbre del sumisionismo y obedecer las disposiciones justas del poder civil en aras al Bien Común. Es una máxima absurda decir: “La ley es ley; mientras lo sea, aunque sea injusta, hay que acatarla”. Una ley injusta no es ley, es corrupción de al ley, y por ello no obliga. La Iglesia acepta muchas rebeldías al permitir que sus teólogos y moralistas las enseñen. La no resistencia no es un dogma.

Según Balmes (41), hay que obedecer al poder civil legítimo, se puede –y a veces se debe- resistir a los poderes ilegítimos, y se puede y a veces se debe resistir a la tiranía de los legítimos. Así, es lícito resistir con la fuerza a un poder ilegítimo de origen, pues la religión católica no prescribe la obediencia a todos los gobiernos de mero hecho, y si el poder es legítimo de origen pero tiránico de ejercicio es lícita la resistencia en extremos graves.

Nada obsta a ello (42) el recto entendimiento de las palabras del Concilio de Constanza, la carta de San Pedro Damián, la Mirari Vos de Gregorio XVI, y el Syllabus de Pío IX. Tampoco obsta la actuación de los primeros cristianos que se dejaban matar sin oponer resistencia, como San Mauricio; si no se sublevaron era porque no podían según San Roberto Belarmino, y además la sumisión venía mejor a los designios divinos para vencer al militarista y violento imperio romano. Digamos más bien: a la legalidad justa, acatamiento; a la injusta, rebeldía.

4.3. Resistencia entre la sumisión forzosa y la colaboración activa.

De un extremo a otro hay mucho camino y posiciones de hecho. Las circunstancias indicarán la situación aunque hay algunas posiciones que nunca son admisibles.

Hablemos primero de las circunstancias y después de las posiciones de sumisión hasta la colaboración activa.

4.3.1. Las circunstancias influyen

Según las realidades concretas, cambia la exigencia de sumisión a los poderes de hecho (43). Así, en 1808, Pío VII prohibía cooperar, participar, dar fidelidad, aceptar con Napoleón cuando éste invadió los Estados Pontificios, permitiendo sólo una “obediencia pasiva, que garantice el orden público”. Desde 1870, Pío IX y los restantes pontífices rechazarán la aceptación del Reino de Italia, y durante décadas prohibirán a los católicos que cooperen con las nuevas autoridades. León XIII inauguró el ralliement en Francia y, en España (44), una relación amistosa con el régimen de la Restauración liberal moderada alfonsina que pudo significar, contra los carlistas y el legitimismo, cierta legitimación temporal.

En 1909, Pío X, siguiendo los pasos de León XIII sobre Francia, exigía a los católicos franceses obediencia y sumisión a los poderes humanos, lo que ni significa –dice- que con ellos se les otorgue “veneración y amor”. Ello significaba que Pío X no les exigía un sumisionismo intelectual o práctico. En 1914, el cardenal Mercier decía que “en el fondo de vuestra alma, no le debéis ni estima, ni adhesión, ni obediencia” a la constitución del gobierno alemán en el Estado belga después de invadir Bélgica. En 1919 Benedicto XV pedía “someterse sin reservas al poder establecido de hecho” en Portugal, 10 años después de la Revolución, una vez que se había instaurado relaciones amistosas con la Santa Sede, y con una recta ordenación en el ejercicio de la autoridad. En 1931 el cardenal Segura decía a los católicos españoles que debían “respeto y obediencia (al poder de la IIª República) para el mantenimiento del orden y para le bien común”.

4.3.2. Malas consecuencias de la táctica de “vuelo bajo”, adaptación y condescendencias

Todos los Papas hablan de virtudes y vicios. Una virtud heroica puede ser someterse al tirano por el bien común o bien impedir su tiranía. León XIII señala diferentes debilidades del “milites Christi” en Sapientiae christianae nº 18:

No hacer frente al descubierto a la impiedad para no exasperar a los enemigos, que la Iglesia deje propagar impunemente ciertas opiniones, tener una excesiva indulgencia y disimulo, indignarse contra el Papa cuando enseña, no exponerse a los azares del combate, desconocer que el enemigo se ha propuesto a todo trance destruir hasta los cimientos de la religión católica, amedrentar el valor de los buenos. A continuación (SC, nº 19) el Papa expone los peligros de los que se apropian de un papel que no les pertenece y son excesivamente audaces o bien son imprudentes.

Por su parte, Vázquez de Mella añade otros inconvenientes de los condescendientes (45):

• Siempre están a la defensiva y nunca toman la ofensiva.

• Al hacer una transacción con el enemigo para lograr un “modus vivendi”, lo primero que conceden es la dignidad y el territorio perdido.

• La Revolución no permitirá ser vencida por los medios legales que ella ha creado.

• La actual legalidad es cada vez más mezquina, más tiránica, más opresora, más por la revolución mansa que por la violenta; una legalidad menguada, parcial e imposible.

• “¡Legalidad! ¡Legalidad! La política de la conquista de la justicia por medio de la legalidad injusta, y del triunfo de la verdad católica por medio de la legalidad anticatólica, ha muerto ya como doctrina en el mundo” (46).

• Hacer la guerra, sin la guerra, y ganar batallas, sin librarlas.

• El adversario se envalentona.

• Al menguar el ideal, disminuye el esfuerzo para recobrarle.

• Produce la parálisis nacional que a nada reacciona (47).

Los Cardenales y Arzobispos franceses advierten también que la táctica de la condescendencia:

• Deja las leyes en pie

• Las leyes más perjudiciales continúan actuando.

• La condescendencia anima a los adversarios,

• Por lo que, concluyen:

“Es por lo que la mayoría de los católicos, verdaderamente apegados a su fe, piden que se adopte una actitud más militante y más enérgica. Esa mayoría reclama que, sobre todo los terrenos, en todas las regiones del país, se declare abierta y unánimemente la guerra al laicismo y a sus principios hasta la abolición de las leyes inicuas que de él emanan; que, para conseguirlo, se sirvan de todas las armas legítimas” (48).

4.3.3. Posiciones legítimas en relación con los verbos de estado o acción

En los textos pontificios la terminología es importante, pero no vamos a examinarla nosotros. Fiamos nuestros juicio al de Castro Albarrán.

En casos podrá existir una sumisión y sometimiento voluntario o forzoso. La debida sumisión no significa colaborar formalmente con un régimen que no reúna las requeridas condiciones que el bien común exige. Significa que no debemos obstaculizar el ejercicio del poder en la medida y grado que reclama el bien social.

En otros, como el ralliement francés, cuando se pudieron suspender las leyes ordinarias de la sucesión política, se pudo acatar al poder constituido, es decir, ofrecer una sumisión y respeto sin sombra de hostilidad y hasta lealtad al Régimen. Ahora bien, el ralliement no supuso ni adhesión cordial, ni sacrificio de sentimientos internos, sino aceptación del régimen de la República, respeto y sumisión.

Ante el usurpador puede existir sumisión, pero no la obediencia. En efecto, la obediencia responde al derecho de autoridad, y el que ocupa el poder injustamente no tiene autoridad.

No hay que obedecer a todos poder constituido sin distinción alguna. Puede existir una obediencia pasiva al poder ilegítimo o usurpador para garantizar el orden público. Sin embargo, en ningún caso se podrá obedecer y cumplir la ley injusta, que es la excusa de los que caen en el legalismo. Dice León XIII: “Pero cuando falta el derecho de mandar, o se ordena algo contrario a la razón, a la ley eterna, a la autoridad de Dios, es justo entonces no someterse a los hombres para someterse a Dios. Cerrada así la puerta a la tiranía, no lo absorberá todo el Estado” (Libertas, nº 10). “Este respeto al poder constituido (francés) no puede exigir ni imponer como cosa obligatoria ni el acatamiento ni mucho menos la obediencia ilimitada o indiscriminada a las leyes promulgadas por ese mismo poder constituido. Que nadie lo olvide: la ley es un precepto ordenado según la razón, elaborado y promulgado para el bien común por aquellos que con este fin han recibido el poder. Por consiguiente, jamás deben ser aceptadas las disposiciones legislativas, de cualquier clase, contrarias a Dios y a la religión. Más aún: existe la obligación estricta de rechazarlas” (Au milieu des sollicitudes, nº 28-32). En su Carta a los Cardenales y Arzobispos franceses de 1892, dirá: “no nos está permitido obedecerlas, tenemos el derecho y la obligación de combatirlas y de exigir por todos los medios honestos su abrogación” (169). En otra ocasión enseñará: “(…) entonces el resistir es deber, obedecer es crimen” (Sapientiae Christianae, nº 3).

En relación con la obediencia a la ley injusta puede existir una casuística para situaciones comprometidas, manteniéndose sin embargo que “es obligatoria la desobediencia cuando lo que manda la ley es, en sí, malo. Si el cumplimiento de ella implica la trasgresión de un precepto de ley natural, o de una ley divina positiva, o de una humana superior, la conciencia exige la desobediencia, el “no quiero” de una obligada rebeldía”. La desobediencia a las leyes sería compatible con la debida subordinación a un gobierno y el obligado acatamiento a un régimen.

No siempre los poderes constituidos si son ilegítimos deben ser aceptados simple e incondicionalmente. El acatamiento (sumisión más respeto) a estos, cuando se dé, no significa aceptación simple e incondicional, sea aceptación transitoria o definitiva. Rechazada la aceptación, con más motivo rechazaremos adhesión, que es entusiasmo, conformidad, apego y colaboración activa (49). Quien dice adhesión dice fidelidad, lealtad, estima, obediencia plena.

De por sí, la colaboración con el poder político ilegítimo tiene una gran fuerza para la consolidación de ese poder (203). Sea lo que fuere, digamos un No a la colaboración que afiance directa o indirectamente el poder ilegítimo.

4.3.4. Posiciones legítimas según la práctica de la resistencia

El tema es importante, porque pensemos: ¿qué puede ocurrir si la resistencia es floja? Así dice Vázquez de Mella sobre el ralliement francés:

“En Alemania, luchando sin cesar y aceptando durante un lustro, en el período del Kulturkampf, la pérdida del presupuesto eclesiástico, antes que transigir en un punto ni conceder al Estado el patronato, como lo deseaba Bismarck, el catolicismo prospera hasta ser la fuerza social más poderosamente organizada y vigorosa del Imperio, hacia la cual parece inclinarse Guillermo II; y en Francia, cediendo, transigiendo siempre, aceptando el poder constituído contra la Iglesia, entrando en la legitimidad revolucionaria, no rompiendo violentamente con el Estado oficial, ni siquiera al día siguiente de promulgarse la ley contra las asociaciones religiosas, digna de los más opresores Césares de Roma, el catolicismo es tan continuadamente acosado, que, para poder salvar el último de los derechos, el de que no dejen de ser cristianos los hijos, tienen que luchar en las plazas los padres católicos tardíamente y lamentando no haberlo hecho antes, cuando no se habían gastado tantas resistencias, y el enemigo hubiera retrocedido al empezar la batalla” (50).

Sería un imperdonable error de planteamiento limitar nuestro tema a la guerra justa y al tiranicidio. Hay cuestiones que siguen siendo muy actuales y que no llegan a estos extremos como el de cortar la Hidra de las mil cabezas. La Revolución, para que abandonemos el terreno de la lucha real, desea que nos polaricemos en querer ser guerreros, pero sin armas ni posibilidades. Así, mismo, los extremos de resistencia armada son el refugio del que no quiere trabajar día a día en la sociedad y la política. Así lo reconoce Castro Albarrán.

En relación con los medios, no todos los medios legales son lícitos y no todos los medios moralmente lícitos son legales, pues la ley civil no es la norma de la moralidad.

Los tipos de resistencia son los siguientes:

1. Resistencia pasiva. Es el no hacer.

2. La resistencia activa no armada. Puede ser legal (dentro de la legalidad) hasta la apelación a los tribunales internacionales, o bien ilegal (pero no armada), es decir, la resistencia civil aplicada a entorpecer la administración y las finanzas, o bien llamada desobediencia civil.

3. La resistencia armada.

Comencemos por la resistencia pasiva. Se trata de “no cumplir”, “no obedecer”. La hemos comentado al hablar de la obediencia.

En no pocos casos los hechos hacen obligatoria la desobediencia y aún la resistencia activa legal. Es oposición al poder, positiva, pero empleando sólo los medios permitidos por las leyes. Es, según frase, “dentro de la legalidad”. En relación con la resistencia pasiva y activa legal, dice el cardenal Gomá (52):

“ ‘Legis iniquae nullus honor’, dice enérgicamente Tertuliano; una ley decididamente injusta no merece respeto ni acatamiento… Esta resistencia pasiva a la ley no es ofensa al legislador, ni pecado de desobediencia. No lo primero, porque quien hace la ley debe mantenerse en el coto de su deber, señalado por los límites de su jurisdicción y por las conveniencias del bien de sus administrados, especialmente en orden a sus supremos destinos. El que hace injuria a su oficio de legislador es quien promulga una ley injusta. La ley es orden y factor de orden, y la injusticia es esencialmente desorden.

Ni es desobediencia no acatar la ley injusta, sino obediencia a un orden y a una ley superior. ‘Resistir a la ley, dice el Apóstol, es resistir a la ordenación de Dios’; pero cuando es Dios mismo quien manda una cosa a la que la ley es contraria, entonces ‘es menester obedecer a Dios más que a los hombres’. La historia del martirio, la de los grandes vejámenes, que han sufrido los hombres de la Iglesia por el poder abusivo del Estado, es una de las más grandes lecciones que ha dado al mundo la verdadera libertad, que sabe morir, pero que no se dobla ante la injusticia” (Pastoral, 12-VII-1933).

Lo mismo dicen los Cardenales y Arzobispos franceses en su Declaración (10-III-1925) –por lo que se ve el ralliement fue un total fracaso- sobre las leyes laicas:

“Las leyes del laicismo son injustas (….) Por lo tanto, las leyes del laicismo no son leyes. No tienen de ley más que el nombre, un nombre usurpado. No son más que corrupciones de la ley, violencias, más bien que leyes (…) Pero como las leyes del laicismo atentan a los derechos de Dios, como nos hieren en nuestros intereses espirituales, como después de haber arruinado los principios esenciales sobre los cuales descansa la sociedad, son enemigas de la verdadera religión que nos ordena reconocer y adorar, en todos los dominios, a Dios y a Jesucristo, el adherirnos a sus enseñanzas, el someternos a sus mandamientos, el salvar a todo precio nuestras almas, no nos está permitido obedecerlas, tenemos el derecho y la obligación de combatirlas y de exigir por todos los medios honestos su abrogación” (53).

Así se llega a la situación en que resistencia legal es totalmente ineficaz, y se hace posible la resistencia armada. Hablar de la resistencia armada es el capítulo más llamativo por el tema, más trágico en su vivencia, más serio. No debe alarmar a nadie porque a pesar de ser nuestro mundo pacifista, está lleno de violencia, lleno de guerras, e incluso hoy, el Gobierno del PSOE de España tiene tropas en Afganistán. En las condiciones que se dirán, la resistencia armada es siempre un derecho, y en algunos casos es además un deber.

La Iglesia acepta, con graves condiciones, no pocas sanas “rebeldías”. Incluso Pablo VI, en Populorum progressio (1967) rechaza las sublevaciones y levantamientos “a no ser que se trate de tiranía manifiesta y duradera, en la que se lesionen los derechos primarios de la persona humana y se cause grave daño al bien común del estado”. Pero no queremos utilizar el Magisterio posterior a la guerra mundial, que no tiene el tema de la guerra defensiva abierta (había guerra fría) como principal.

Como dice Boira: “no condena de manera absoluta la Iglesia toda insurrección o resistencia violenta frente a la usurpación o frente a la tiranía. En determinadas circunstancias puede ser lícita y hasta obligatoria la rebelión contra un poder ciertamente usurpador o contra un poder tiránico que llegue a extremos verdaderamente intolerables contra el bien común, siempre que se hayan agotado, sin resultado alguno, todos los medios pacíficos etc.” (54). Esto es lo que expone Pío XI en Acerba animi (1932) y Firmissimam constantiam (1937) al Episcopado Mexicano, y que dará origen a la sublevación de los cristeros. Por ejemplo, según Suárez en Defensio fidei, “entre los cristianos debe reputarse tirano, de muy especial manera, al príncipe que induce a sus vasallos en herejía u otro género de apostasía o en cisma público”. El Magisterio de Pío XI con motivo de los sucesos de Méjico y de España es fundamental debido a la proximidad a nuestro mundo moderno anterior a la dramática guerra mundial.

Pla y Deniel, en su pastoral Las dos ciudades, explica lo siguiente:

“Si en la sociedad hay que reconocer una potestad habitual o radical para cambiar un régimen cuando la paz y el orden social, suprema necesidad de las naciones, lo exija, es para Nos, clarísimo (…) el derecho de la sociedad, no de promover arbitrarias y no justificadas sediciones, sino de derrocar un gobierno tiránico y gravemente perjudicial a la sociedad, por medios legales, si es posible, pero, si no lo es, por un alzamiento armado. Esta es la doctrina claramente expuesta por dos santos Doctores de la Iglesia: Santo Tomás de Aquino, Doctor el más autorizado de la Teología Católica, y por S. Roberto Belarmino; y, junto con ellos, por el preclarísimo Doctor el Eximio Francisco Suárez” (Las dos Ciudades, Salamanca, 1936) (55).

La Carta Colectiva de los Obispos españoles del 7-VII-1937 (56) se expresa en este mismo sentido, y recoge el cumplimiento de todas las condiciones para la guerra justa. A ello sumemos las declaraciones de Pío XI y Pío XII sobre la guerra en España. El Obispo de Madrid Leopoldo Eijo Garay, expresa en La hora presente (Madrid, 1939): “Cuando la sustancia de la legalidad es la injusticia, no le queda a la conciencia y a la acción más recurso que buscar la justicia en la legítima ilegalidad”, siendo la legítima defensa una realidad “sagrada porque es ley de naturaleza” (57). Son unos ejemplos.

4.3.5. ¿Cómo es el cuadro de la tiranía?

Hemos hablado de tiranía, más ¿puede esbozarse qué es la tiranía?

Un conferenciante de Notre Dâme de París, Janvier, decía en Cuaresma de 1909 :

“Que la sociedad explotada, agotada, acosada, agarrotada por opresores sin vergüenza, tenga el derecho de sacudir el yugo, de defenderse como el viajero asaltado por los bandidos, eso no es dudoso. Me diréis “es sedición”. No, señores. La sedición es la revuelta contra el bien, y, en el caso extremo al que me refiero, el verdadero sedicioso es el Poder, que usa de su soberanía para arrancar las almas al respeto de la verdad, del orden, de la justicia; no lo es la multitud que lucha con el fin de salvar su honor, su dignidad y su vida. La Iglesia y la sabiduría han tenido siempre este lenguaje: no he disminuido yo los derechos de la autoridad; no me estaba permitid mutilar los derechos de la libertad” (58)

Dice Balmes: “Si el poder supremo abusa escandalosamente de sus facultades, si las extiende más allá de los límites debidos, si conculca las leyes fundamentales, persigue la religión, corrompe la moral, ultraja el decoro público, menoscaba el honor de los ciudadanos, exige contribuciones ilegales y desmesuradas, viola el derecho de propiedad, enajena el patrimonio de la nación, desmembra las provincias, llevando sus pueblos a la ignominia y a la muerte” (59)

Castro Albarrán (60) dice que no son necesarios tantos males juntos para justificar un levantamiento en armas. La situación descrita “sería ya el caso de la pérdida de toda legitimidad en el poder, y, entonces, no sólo se justificaría la resistencia a los actos de gobierno, sino la misma agresión directa al poder”. Este autor no debe conocer la situación de 2010. Afortunadamente, los católicos españoles sólo están de hecho para intentar una resistencia activa legal a base de manifestaciones millonarias, firmas millonarias, y quejas millonarias.

El Dr. Eijo Garay pinta otro cuadro, el que veía en La hora presente (Madrid, 1939), para señalar el deber de sublevarse:

“Por los caminos ordinarios, España no podía ya salvarse. El mal había echado raíces tan profundas, que se levantaba vigoroso, asfixiando nuestra vida cristiana y española. Carcomidas por el marxismo, se habían bastardeado las instituciones nacidas para aumento del bienestar de las clases humildes; el materialismo degradante había envenenado las almas, difundido por un falso e hipócrita espíritu de libertad, que, dando rienda suelta a toda propaganda del error y del mal, ahogaba toda difusión de la verdad y del bien; bajo la careta de formas legales se habían entronizado, por el atropello y la suplantación, las opresiones más tiránicas y persecutorias de los genuinos sentires de la nación; el crimen, a mansalva, segaba la vida de cuantos valientemente osasen oponerse a los designios de la revolución roja; enfundada en un conglomerado político heterogéneo e inconsciente, la daga comunista había subido, con fraude, al poder, donde preparaba la ahora de desnudarse y clavarse en el corazón de España; los sentimientos religiosos padecían ultrajes y cruel persecución; las escuelas católicas eran sometida a vejámenes, cuando no ilegalmente clausuradas; bajo la protección oficial se aventaba el fuego que mantenía el hervor del ocio contra la fe católica, odio que, como siempre ha ocurrido, se convertía en odio a España, y había subido éste a tal punto que vitorearla se consideraba como grito subversivo, mientras se daban clamorosamente los vivas, con sentido criminal, a una nación extranjera… España tenía el derecho y el deber de rebelarse contra la autoridad prostituida y usurpadora, antinacional y anticristiana, tiránica y delincuente (…)” (61).

4.3.6. La virtud española.

Según Castro Albarrán (62), le resistencia a la tiranía puede ser virtud cristiana y la legítima rebeldía es virtud española.

Es muy conocido el discurso de Vázquez de Mella sobre las tácticas mozárabes y muladíes, o bien el de la fórmula de la unión de los católicos (63). Dice que el alma española nunca fue mozarábe, ni muladí, ni se afrancesó. Tampoco se hizo isabelina ni alfonsina, ni se republicanizó o se hizo marxista. Y hoy, ¿qué se ha hecho? Las manifestaciones millonarias en Madrid y el descontento general algo dicen del alma española, y más diría de no estar dirigida o flanqueada por malos políticos liberales. Para evitarlo estamos nosotros.

En nuestros días la Iglesia lidera un tipo de resistencia activa, que es la objeción de la recta norma de la conciencia (no objeción de conciencia sin más) contra las ingerencias del Estado en ámbitos donde no tiene competencia, y además de una forma inmoral. Objeción de conciencia de médicos y enfermeras, de farmacéuticos, de maestros y de padres etc.

Por ejemplo, en el documento “Acerca de la objeción de conciencia ante una ley radicalmente injusta que corrompe la institución del matrimonio” (Madrid, 5-V-2005), la Conferencia Episcopal Española señala: “recordamos que los católicos, como todas las personas de recta formación moral, no pueden mostrarse indecisos ni complacientes con esta normativa, sino que han de oponerse a ella de forma clara e incisiva”. Esta en una resistencia activa.

Por lo visto, hoy la única salida es la objeción de conciencia a la ley injusta: objeción de conciencia de médicos, enfermeras, farmacéuticos, jueces y magistrados, profesores, padres… de toda la sociedad. Por una parte, aclaremos que no es igual la libertad de conciencia que la libertad de las conciencias, como señaló Pío XI en Non abbiamo bisogno (nº 50). Por otra, una cosa es la recta norma de la conciencia, como decía Juan XXIII en Pacen in Terris, y otra la conciencia sin más. En efecto, apelar a la objeción de conciencia sin más, se ha visto inútil en España, no está recogida en ningún ordenamiento legal y es complicadísimo que se recoja, y además es fruto del liberalismo. Otra cosa es la objeción de la recta norma de la conciencia, que supone unas exigencias morales al poder civil, parte de la norma objetiva y supone su reconocimiento por el poder civil. En realidad, esto implicaría que el Estado acepta sobre él una verdad objetiva. Por eso, al defender la objeción de conciencia a la asignatura “Educación para la Ciudadanía” (la tiranía) es preciso marcar distancias del liberalismo. En lo que todos estaremos de acuerdo en mostrar la limitación del poder de cualquier Estado que no sea totalitario, sin confundir no obstante el totalitarismo con el Estado no liberal.

¿Qué hacer?. Decía Vázquez de Mella:

“Cuando no se puede gobernar desde el Estado, con el deber, se gobierna desde fuera, desde la sociedad, con el derecho. ¿Y cuando no se puede gobernar con el derecho sólo, porque el poder no lo reconoce? Se apela a la fuerza para mantener el derecho y para imponerle ¿Y cuando no existe la fuerza? Nunca falta en las naciones que no han abandonado totalmente a Cristo, y menos en España. Pero, si llegara a faltar por la desorganización, ¿qué se hace? ¿Transigir y ceder? No, no. Entonces, se va a recibirla a las catacumbas y al circo, pero no se cae de rodillas, porque estén los ídolos en el Capitolio” (64).

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José Fermín Garralda Arizcun

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