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CARTAS

11 de septiembre de 1973: Los militares terminaron lo que los civiles comenzaron

por Gonzalo Rojas Sánchez

Breve estudio de los antecedentes que llevaron a la destitución de Allende

Esta visión da la impresión de que no hubiese habido más civilidad que la que apoyaba al Presidente Allende, la misma que habría enfrentado después durante 16 años y medio a los militares que habían accedido al poder. El objetivo del presente trabajo es hacerse cargo de la primera parte de la afirmación, es decir de la que se refiere al comportamiento de los civiles antes del 11 de septiembre de 1973. Para un estudio posterior queda el análisis de las referidas distancias y enfrentamientos entre lo que algunos llaman el mundo civil –supuestamente íntegro en el bloque opositor a Pinochet- y el mundo militar, representado por su Gobierno.

I Allende y la sociedad civil

Vamos entonces a ver ese mundo civil de los años 70 al 73. Contrariamente a las tan difundidas visiones proclives a la Unidad Popular, es perceptible en las fuentes que ni Allende ni los partidos de su coalición lograron jamás tener el control de la mayoría de la población o de las organizaciones civiles, ni mucho menos obviamente de la totalidad. Una primera mirada a los números electorales arroja ya datos que, no por sabidos, pueden dejar de ser considerados.

Tres veces se sometió Allende al veredicto de las urnas y en las tres obtuvo respaldos minoritarios:

1. En la elección Presidencial de septiembre de 1970, obtuvo sólo el 36.3 % de los votos.
2. En la elección municipal de abril de 1971, el conjunto de los partidos que conformaban la Unidad Popular superó apenas el 49%.
3. En la elección parlamentaria de marzo de 1973, los candidatos de la Unidad Popular obtuvieron algo más del 43% de los sufragios.

Esas cifras son el primer indicio de una conciencia más profunda que el propio Allende tenía respecto de sus relaciones con el mundo civil. En efecto, en numerosas oportunidades el Presidente de la República develó su comprensión de las distancias que lo separaban de gran parte de la población. Al respecto, sólo tres referencias correspondientes a planos diferentes de esa conciencia de parcialidad:

II. La reacción social.

Desde el primer momento -y más allá de las acciones terroristas que pequeños grupos derechistas realizaron entre la elección de Allende y los comienzos de 1971- la reacción social frente a las políticas del Gobierno de la Unidad Popular fue creciendo en intensidad. Esa respuesta canalizó intereses primarios, que expresaron la defensa de derechos muy básicos de carácter económico y social.

III. La reacción gremial.

A las posturas anteriores se fue agregando una fuerte reacción gremial. Desarticulada en un comienzo, pero muy organizada desde mediados de 1972 en adelante, esta tendencia armonizó intereses corporativos de mediano y largo plazo. No es posible dar cuenta en pocas líneas de lo que esa enorme fuerza gremial significó, por lo que simplemente vamos a reseñar algunos de sus hitos más importantes, teniendo en cuenta eso sí que, en general, los líderes gremiales –en el sentido amplio del término, es decir profesionales, estudiantiles, sindicales, empresariales, etc.- adoptaron medidas huelguísticas de larga duración y convocaron a la realización de concentraciones masivas, que contaron con numerosa presencia de ciudadanos.

1. Una primera reacción corporativa tuvo lugar ya a fines de 1971, en la Universidad de Chile, cuando a raíz del intento de reforma de la Facultad de Derecho -que consistía en tratar de unirla con otras de la Universidad- las juventudes nacionales, democratacristianas y gremialistas se tomaron la Facultad en Pío Nono. Fue la primera vez, además, que confluían en una misma acción universitarios de la casa de Bello con alumnos de la Universidad Católica.
2. Un segundo hito de importancia tuvo lugar con la prolongada lucha por el derecho de Canal 13 a determinar su extensión por todo Chile. Esa legítima política expansiva de la estación televisa se vio enormemente dificultada porque la Corfo había procedido a instalar un monopolio de importación y distribución de equipos y repuestos para radiotransmisores, mientras que el Banco Central le negaba al Canal las divisas necesarias para poder adquirir seriales televisivos en el extranjero, complicando enormemente su financiamiento. La dirección del Canal en manos del padre Raúl Hasbún y la orientación anti marxista de su programación -y en especial de su Departamento de Prensa- motivaron el ataque gubernamental y, a su vez, la reacción gremial de profesores, alumnos y administrativos de la Universidad Católica en su favor, incluso con marchas por el centro de Santiago.
3. Pero, sin duda alguna, el primer clímax se alcanzó con el Paro de octubre de 1972, en el que camioneros, comerciantes, estudiantes universitarios y secundarios, colegios profesionales -especialmente médicos y abogados- y transportistas articularon la mayor huelga general conocida hasta la fecha. El Paro comenzó en Aysén, por la resistencia de la Confederación de dueños de camiones contra los propósitos de instalar una compañía de transporte estatal. Día a día se fueron plegando otros gremios, cada uno con su propia reivindicación frente a las políticas estatistas del Gobierno. Incluso los partidos opositores se vieron superados por esta avalancha gremial, ya que no previeron la situación ni lograron tener el control del Paro; el movimiento fue conducido siempre por auténticos dirigentes gremiales agrupados en el Comando de Defensa Gremial: León Vilarín, Rafael Cumsille, Jorge Martínez, Jaime Guzmán, Guillermo Elton, Eduardo Arriagada, entre otros. Algunos de ellos elaboraron el documento El pliego de Chile, solicitando las medidas concretas que debían adoptarse en bien de la Patria. Y aunque varios fueron detenidos y encarcelados, el Paro resistió durante un mes y terminó sólo cuando el Gobierno cedió ante algunas de sus exigencias y nombró a un militar como Ministro del Interior. Entre los acuerdos más importantes que se habían dado a conocer por esos días estaban los del Consejo General del Colegio de Abogados, que "en presencia de la quiebra del Estado de Derecho que vive el país" había instruido a sus colegiados para que suspendieran su ejercicio profesional.
4. La situación de huelga general volvió a repetirse en los meses de otoño e invierno de 1973. Una vez más pararon los comerciantes, camioneros, mineros, colegios profesionales, transportistas, bancarios estudiantes -con especial participación ahora de la FESES, de la FEUC y de Ingeniería de la Universidad de Chile- a lo que se agrega la permanente protesta de las dueñas de casa; todos se organizan en la lucha contra el Gobierno, en la que confluyen finalmente intereses primarios, laborales, económicos, corporativos y políticos, difundidos y alentados por los medios de comunicación contrarios al Gobierno. Se han sumado ahora a los antiguos dirigentes otros de gran actividad: Jorge Fontaine, Guillermo Medina, Orlando Sáenz, Javier Leturia…
5. No es extraño, entonces, que toda esta movilización haya alcanzado una manifestación muy concreta de carácter terminal en la petición de renuncia por carta abierta a Allende hecha por la FEUC encabezada por Leturia, con la consiguiente instalación de mesas en el centro de Santiago para solicitar adhesiones a esa iniciativa. "Qué renuncie," se transformó así en la demanda mínima de los intereses gremiales. El 11 de septiembre por la mañana se iba a realizar una marcha conjunta de miles de estudiantes universitarios y secundarios pidiendo con energía esa decisión.

IV. La reacción institucional.

Junto a las dos reacciones anteriores hubo otras, de carácter institucional, consistentes en actitudes de rechazo al Gobierno de Salvador Allende que expresaban intereses nacionales y de largo plazo.

1. Ya al votar el Estatuto de Garantías, en octubre de 1970, el Partido Nacional, a través de su senador Francisco Bulnes S., afirmó que era inútil reformar la Constitución, porque el comportamiento del Gobierno dependería de la voluntad del ciudadano que asumiría la Primera Magistratura. "Esta reforma constitucional no asegura en modo alguno la vida del estado de derecho y de la democracia representativa; ello depender· sólo de la conducta del nuevo gobierno en cuanto al respeto de las garantías constitucionales que ya consigna nuestra Carta fundamental y en particular del ciudadano que asumir· próximamente el alto cargo de Presidente de todos los chilenos," afirmó Bulnes, marcando la cancha respecto de la mirada de largo plazo de su Partido, claramente escéptico -por decir lo menos- de la viabilidad de la democracia bajo Allende.
2. Distinta había sido la actitud del Partido Demócrata Cristiano, ya que en esa misma oportunidad había apoyado con sus votos la mencionada reforma a la Constitución de 1925. Pero fue a raíz del asesinato por un grupo terrorista de izquierda, de su militante, el ex ministro del Interior de Eduardo Frei M., Edmundo Pérez Zujovic, que el partido cambió por completo su discurso: El 8 de junio de ese año afirmó que el asesinato era producto "del clima de odio, difamación y violencia" y exigió el desmantelamiento de los grupos armados que estaban actuando al margen de la ley. Incluso, el PDC le pidió a Allende que entregara la investigación del asesinato al Servicio de Inteligencia del Ejército, porque no le daba confianza la policía de Investigaciones en manos de la izquierda. Este distanciamiento fue ratificado y acrecentado un año después, durante el paro de octubre de 1972, a través de la significativa declaración de su presidente, Renán Fuentealba, quien afirmó que el Gobierno actuaba en abierto desafío a la Constitución y a las leyes, así como también a los derechos fundamentales, lo que era peligroso para todos los chilenos. Y aunque hubo acercamientos entre La Moneda y el PDC a mediados de 1973, ellos fueron inútiles porque gran parte de la base democratacristiana estaba convencida de que la situación no tenía salida por la vía legal.
3. También a buena parte de la Jerarquía de la Iglesia Católica le había costado tomar una postura clara respecto de un enemigo histórico de la fe, como es el marxismo. Sólo con la publicación del Decreto referido a la Escuela Nacional Unificada, ENU, en 1973, la Iglesia Católica reaccionó a través de sus más destacados prelados. El Cardenal Arzobispo de Santiago, Mons. Raúl Silva Henríquez criticó decididamente la iniciativa gubernamental y Mons. Emilio Tagle, Obispo de Valparaíso afirmó simplemente: "Pretender que la educación chilena debe tener el sentido y la orientación dada por una ideología, cualquiera que ella sea, es una falta de respeto a la conciencia de los niños y vulnera gravemente el derecho que asiste a los padres para entregar la educación que ellos deseen a su descendencia; por eso, la Iglesia no acepta que se imponga este tipo de política en la educación." Finalmente, fueron los 31 obispos de Chile los que declararon oponerse "al fondo del proyecto por su contenido, que no respeta valores humanos y cristianos fundamentales."
4. Llegó también el momento de una reacción electoral. Conformada la Confederación Democrática, CODE, para los comicios complementarios de 1972, se obtuvo por esa vía la senaturía de OHiggins y Colchagua así como la diputación de Linares con Rafael Moreno y Sergio Díez, respectivamente. Y en las elecciones de marzo de 1973 los candidatos de los partidos Demócrata Cristiano, Nacional, Demócrata Radical y de Izquierda Radical obtuvieron una mayoría amplia, con el 54.7% de los votos. Si ese resultado aparecía al menos como satisfactorio, la percepción del caudal de opositores mejoró aún más, al conocerse la acusación de fraude gubernamental en las elecciones. El informe fue presentado el 18 de julio de 1973 por el Decano de Derecho de la Universidad Católica, contra la opinión del Rector Fernando Castillo Velasco. La primera observación se refería a los 750.000 nuevos inscritos desde las municipales de 1971, que sumando y restando, sólo debieran haber sido unos 500.000; continuaba después la acusación considerando la desigual inscripción en circunscripciones en que sí había habido elección senatorial (33% y 37% de aumento) con las que no la tuvieron (18% de aumento) para terminar señalando casos comprobados de fraude en Santiago y Coquimbo, por carnets que no correspondían a los electores y por la evidencia de haberse inscrito cientos de votantes el último día con el mismo domicilio, por ej., interior Parque Cousiño. El informe concluía que "en las elecciones parlamentarias de marzo tuvo lugar un fraude electoral de grandes proporciones, que ha implicado entre 200 y 300 mil votos ilegales."
5. A esta situación se sumaron las reiteradas declaraciones sobre las ilegalidades cometidas por el Gobierno formuladas por la Contraloría General de la República.
6. Faltaba sólo el pronunciamiento contrario al Gobierno de Allende de los otros dos poderes del Estado. Cronológica y conceptualmente fue decisiva la reacción del Poder Judicial, porque se produjo primero y, además, fue durísima. Es el acontecimiento que marca decisivamente toda la diferencia; nos referimos al intercambio de oficios entre Allende y la Corte Suprema -debido al incumplimiento de sentencias judiciales- iniciado el 30 de octubre de 1972, pero que alcanzó su clímax el 25 de junio de 1973. Si en el Chile de la UP se percibió hasta qué punto es dañino el lema gramsciano por el cual "todo es política", no cabe duda que quien resistió más tiempo y con mayor energía a su influjo fue la Corte Suprema de Justicia, árbitro superior, que fue llevado por la torpeza de las políticas gubernamentales a la calidad de rival invencible.

   Ya en 1972 la Corte había manifestado que los buenos deseos y los altos propósitos de Allende solían desobedecerlos algunas autoridades, por lo que se estaba en presencia de un quebrantamiento del orden jerárquico. Desgraciadamente no se enmendó la práctica cuestionada, sino que se la extendió y autorizó. En efecto, una circular confidencial del general Prats, Ministro del Interior, determinó el 19 de enero de 1973 que el desalojo de un establecimiento o industria, en virtud de una orden judicial, debía suspenderse si las circunstancias laborales o de otra índole determinaban que se trataba de un caso conflictivo. Así sucedió en reiteradas ocasiones, por lo que la Corte se dirigió al Ministro del Interior afirmando que "no escapar· del elevado criterio de V.S. lo que significa omitir el cumplimiento de resoluciones ejecutoriadas que, de esta manera, dejan a los que legítimamente han obtenido en juicio, en la más completa indefensión".

   Como la situación se agravó incluso más, por oficios del 7, 16 y 26 de mayo la Corte Suprema protestó ante el Presidente de la República, debido a "la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales" y por la "abierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales… lo que significa no ya una crisis en el Estado de Derecho… sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad."

   Allende contestó el 12 de junio ratificando la circular Prats, al afirmar que "resulta inadmisible sostener que estas autoridades deban prestar el amparo policial en forma del todo indiscriminada, por cuanto ello podría conducir a situaciones que atenten precisamente contra la paz social y el orden público que están llamadas a cautelar," y concluyó afirmando que el Tribunal había formulado observaciones de dudosa oportunidad y que en caso alguno favorecían la paz social y el restablecimiento del diálogo democrático.

   Llamada a la arena del conflicto, la Corte salió en defensa de su propia integridad y del orden jurídico del país, calificando el oficio presidencial como "un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del Gobierno," y a las palabras del Presidente como "una posición militante contra el órgano jurisdiccional superior del país." Y, a continuación, los ministros desarrollaban un documentado análisis de los errores jurídicos presidenciales y de sus asesores.

   El oficio de la Corte Suprema no fue contestado por Allende; simplemente fue devuelto el día 27, porque el Gobierno calificó su redacción como "irrespetuosa e inconveniente." Allende cerraba así otra puerta al diálogo y, de paso, abría otro flanco a la casi unánime reacción institucional.

   Y pocos días antes del Pronunciamiento Militar -el 23 de agosto- fue la Cámara de Diputados la que declaró que el Gobierno se había "ido empeñando en conquistar el poder total," para lo cual, decía el texto de la declaración, "el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República." En concreto, la Cámara sostuvo que se habían atropellado la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el principio de autonomía universitaria, el derecho de reunión, la libertad de enseñanza, el derecho de propiedad, los derechos sindicales, la libertad de circulación, etc. Terminaba el texto advirtiéndole a las Fuerzas Armadas que "les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones… que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encausar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos."

   Ponía así la Cámara de Diputados los fundamentos más claros para poder afirmar sin error que la reacción civil desarrollada durante 3 años para enfrentar al proyecto totalitario del Gobierno de la Unidad Popular ya no bastaba, que era necesaria una reacción militar. Que lo que los civiles habían comenzado, sólo podían terminarlo los militares.

Quién mejor que Eduardo Frei M. para graficar lo que había sucedido en torno al 11 de septiembre: "La democracia Cristiana no deseaba esto, naturalmente. Usted no desea operarse de cáncer, pero llega el momento en que usted tiene que operarse el cáncer. Nuestros cirujanos son las Fuerzas Armadas y el pueblo solicitó su intervención insistentemente, estruendosa y heroicamente." .

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Gonzalo Rojas Sánchez

Revista Arbil nº 73

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