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| Revista Arbil nº 62 | |
La percepción de la inseguridad en España por Francisco Torres La inseguridad ciudadana es un tema candente en el seno de la UE. Los índices de criminalidad se han disparado. Los ciudadanos tienen una percepción subjetiva que les indica que el medio en el que viven se ha vuelto más inseguro y que existe una especie de inmunidad e impunidad consensuada en este punto. Las opciones políticas en el poder o en la posición se encuentran desbordadas al querer mantener políticas penales dibujadas para una sociedad muy alejada de la sociedad real en que nos movemos azotada por los problemas de inmigración, delincuencia juvenil, marginalidad, violencia cotidiana… Y ante esto surge la pregunta, teñida en el caso del ciudadano común de impotencia, de qué se puede hacer | |
La inseguridad ciudadana y el incremento de la delincuencia, imparable desde finales de los sesenta, se ha convertido en uno de los principales problemas de la Unión Europea. Un problema que puede sufrir un repunte importante con la próxima ampliación hacia el Este. Alemania, el Reino Unido, Francia o Italia son países que superan los dos millones de delitos registrados por año (más de seis millones en el caso alemán); pero, países de población y territorio reducidos, como Bélgica o Dinamarca, presentan índices de criminalidad cercanos al 10%. Tamizado por la falta de información exacta que haga tomar conciencia real de problema a los ciudadanos, parece que no sea el problema capital que es y que convierte a nuestras sociedades en auténticos espacios de inestabilidad en la convivencia diaria. Sin embargo, día a día, para la percepción subjetiva del ciudadano común se hace evidente el clima de inseguridad que se respira, convirtiéndose así esta realidad, poco a poco, en eje, imposible de obviar, de las próximas campañas electorales. Sorprende ante esta realidad el hecho de que en el mundo de la información en que nos desenvolvemos exista una especie de complejo a la hora de presentar ante los ciudadanos un problema que se está haciendo endémico en nuestras sociedades: el incremento de la criminalidad y, por consiguiente, de la inseguridad ciudadana. Frente a la escasa atención real que prestan los medios de información y los partidos políticos a este problema, que tratan de minimizar para evitar la eclosión de la protesta, frente a los intentos claros de reducir la gravedad de la situación, queda lo que los analistas denominan "la percepción subjetiva de los niveles de seguridad". Esa percepción es la que está diciendo, a la mayoría de los españoles en nuestro caso, que los delitos se han convertido casi en una rutina más de la vida diaria y que frente a este hecho se está incrementando la desprotección por parte del Estado. Es esta percepción la que, aparentemente, ha hecho reaccionar, al menos en declaraciones públicas, tanto al gobierno como a la oposición que hasta la fecha lo contemplaban como un problema menor, o al menos pasajero. Fruto de la percepción preocupada del ciudadano, de los primeros atisbos de reacciones independientes de defensa de la propia sociedad civil, ha sido la presentación por parte del gobierno del llamado "Plan Integral contra la Delincuencia", escoltado con frases más o menos rotundas de cara a la galería, pero cuya aplicación requiere, si seguimos el texto, tanto tiempo que probablemente no sirva más que para parchear una situación que, lejos de remitir, cada vez parece más preocupante. España es el país de la UE donde se ha producido un mayor incremento de la delincuencia. La tasa de criminalidad se ha situado en torno al 5% y aunque todavía está lejos de las tasas de Alemania o Francia, nada indica que la línea de crecimiento se pueda quebrar. A diferencia de países como Francia, Alemania, Holanda… en el caso español asistimos a una aceleración debida, principalmente, al incremento de la marginalidad y la inmigración legal o ilegal en poco más de una década, mientas que en esos países la línea de crecimiento se inició a finales de los sesenta coincidiendo con las primera oleadas migratorias extraeuropeas. Los fríos datos estadísticos no hacen sino confirmar esa percepción subjetiva del ciudadano. La tasa de criminalidad en España se ha situado, en la primera mitad del 2002, en el 51 por mil. El número absoluto de delitos comienza a aproximarse a los dos millones, sobre todo si tenemos presente que una parte de los pequeños delitos no son denunciados por el ciudadano, debido a la percepción de inutilidad que se tiene de tal acción. Se calcula que a finales de año la población reclusa, preventiva o penada, podría aproximarse a las 54.000 personas, cuando hace veinticinco años la población penal española era bajísima. Entre 1995 y el año 2000 los delitos crecieron en España un 13% por encima de la media comunitaria, y en los dos últimos años las cifras se han disparado. La percepción ciudadana del estado de inseguridad se acrecienta ante la imagen de un poder público escasamente intervencionista en este terreno y el despego que los grupos dirigentes, los formadores de opinión y las clases altas presentan con respecto al problema por el blindaje que se deriva de su propia posición social y de sus formas y medios de vida. Sin embargo, el ciudadano común, el hombre de la calle, tiene la impresión de vivir en un modelo social donde, ante el delito, parece primar la impunidad, enmarcada, eso sí, en teorías progresistas sobre el tratamiento que debe recibir el delincuente. Sensación de impunidad e indefensión que se incrementa conforme descendemos en los niveles de vida de los españoles. Los casos notorios, los casos que merecen especial atención, por su gravedad, en los medios de comunicación, no hacen sino incrementar esa percepción cuando, por desgracia, se suele confirmar que el delincuente había sido detenido en otras ocasiones antes de cometer un delito de naturaleza más grave. Sensación de impunidad, que facilita a delincuencia, confirmada, indirectamente, por los datos estadísticos. Con una justicia colapsada y sin medios, cuya reforma es tan lenta que difícilmente resuelve el problema de la falta de operatividad y rapidez; con un Código Penal de tendencias beatíficas con respecto a la delincuencia y al delincuente, donde la idea de reinserción prima sobre la de seguridad, donde la prisión preventiva es una excepción y la libertad condicional o provisional una norma, donde la población inmigrante, protagonista de una parte importantísima de los delitos (en la mayor parte de los países alcanza el 80% de los delitos cometidos), que queda amparada por los vacíos legales, los índices de criminalidad no han hecho sino crecer. Hoy, casi todos los países de la UE, comienzan a replantearse sus políticas penales para incrementar la dureza de las penas, pero en España el tema prácticamente se ha convertido en un tabú. La situación comienza a ser grave porque pese a la magnanimidad del Código Penal el crecimiento de la población penitenciaria también se ha disparado. Entre otras razones, porque no ha quedado más remedio, por la reincidencia y la alarma social que conlleva en muchos casos, que incrementar el número de presos preventivos, pero las cárceles españolas están en una situación límite, saturadas y al borde del estallido. La caída de la población penal, por efecto de la aplicación del nuevo Código Penal básicamente, con excarcelaciones importantes a principios de los noventa, se ha detenido y ahora la población penal se incrementa, en números absolutos, en unos siete mil al año. Cifra importante, pero que en modo alguno significa un avance y una mejora en los niveles de seguridad ciudadana. Siete mil nuevos presos, pero conviene recordar que casi noventa mil domicilios son asaltados anualmente, que más de 140.000 coches son robados, que los delitos violentos se acercan a los ciento treinta mil y que se registran en torno a 1400 homicidios al año. Dadas las cifras de nuestra población penal parece evidente que la mayoría de los delitos quedan impunes o simplemente los delincuentes no ingresan en prisión o están en libertad a la espera de juicio, ya que los presos preventivos se sitúan en unos doce mil, un 24% de la población penal. El ciudadano palpa la inseguridad porque un elevadísimo porcentaje de esos delitos le afectan directa y diariamente. Son los robos con violencia o sin ella, los tirones, las violaciones, el asalto a viviendas, etc. que por desgracia se han hecho habituales en determinadas zonas del territorio nacional. Allí se ha creado, con fundamentos, una psicosis que ha convertido a los españoles en presos en sus propias casas, donde son ellos, las personas normales, los que se refugian tras los barrotes mientras tienen, cada vez más, la sensación de ser abandonados por la mano del Estado, conculcándose así la base de la convivencia, es decir, el Estado de Derecho. Dentro de esa delincuencia que alarma al ciudadano destacan cinco modelos de delincuencia que se han establecido en nuestra sociedad y que le afectan directamente:
Frente a esta situación sólo cabe la reacción de la sociedad civil que espolee al poder público a intervenir de forma decisiva, pero para ello es necesaria la información diaria de una realidad que el ciudadano percibe desde su subjetividad. ·- ·-· -··· ·· ·-·· | |
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